El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley de Movilidad Sostenible, que será remitido a las Cortes Generales para su tramitación por la vía de urgencia y aprobación en 2024. El texto abre la puerta al denominado peaje urbano, una tasa a la circulación de vehículos que los ayuntamientos podrán establecer para regular el acceso a los centros urbanos.
El texto es el mismo que ya fue validado en diciembre de 2022, que decayó como proyecto de ley al disolverse el Congreso y el Senado por la convocatoria de elecciones. Con este trámite, el ejecutivo de Pedro Sánchez cumplirá con uno de los objetivos acordados con la Comisión Europea en la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido públicamente la importancia de reactivar una iniciativa legislativa “tan necesaria para lograr una movilidad sana, sostenible y segura”. La futura ley permitirá disponer de las herramientas para continuar el proceso de descarbonización y digitalización del transporte. Durante el trámite parlamentario, el anteproyecto de ley está abierto a enmiendas.
Según el Gobierno, la futura norma regulará soluciones innovadoras como el transporte a la demanda, los coches compartidos, el uso temporal de vehículos o la regulación básica del vehículo autónomo. Y fomentará la digitalización y la promoción de datos abiertos, tanto de administraciones, como de gestores de infraestructura y de operadores públicos y privados.
El nuevo marco regulatorio para el transporte y la movilidad en España se sustenta en cuatro pilares. Por primera vez, la ley reconocerá la movilidad como un derecho de la ciudadanía y un elemento de cohesión social del Estado del Bienestar. La movilidad deberá ser accesible e inclusiva. También se pone de manifiesto la importancia estratégica del transporte de mercancías, como sustento de la actividad económica del país.
Además, se busca reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones que se regulan en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer una tasa por la circulación de vehículos. Para ello, es necesaria una habilitación con rango de ley, lo que permite garantizar que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio, aunque cada municipio podrá decidir si implementa la tasa o no.
La ley incluye la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), donde empresas de transporte, gestores de infraestructuras y administraciones compartirán sus datos, lo que permitirá optimizar la toma de decisiones de todos los actores a la hora de planificar la ejecución de nuevas infraestructuras y la puesta en marcha de nuevos servicios.
Por otro lado, incluirá herramientas para facilitar la innovación. Por ejemplo, se crea un sandbox de movilidad para probar soluciones innovadoras de movilidad en un espacio controlado de pruebas y facilitar su llegada al mercado.
También recoge los principios que deberán seguir las administraciones para regular y promocionar la introducción de los vehículos autónomos, en todos los modos, priorizando la seguridad, la sostenibilidad ambiental, los derechos de las personas y fomentando la colaboración público-privada.
El cuarto pilar de la ley apuesta por mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto en transporte y movilidad, recogiendo gran parte de las recomendaciones de la AIReF y otros organismos, para garantizar la rentabilidad socioambiental de todas las actuaciones, y mecanismos para reforzar la transparencia y rendición de cuentas.
Sistema Nacional de Movilidad Sostenible
Para lograr la cooperación entre las tres administraciones, Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, la ley crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, que consta de varios instrumentos.
En primer lugar, el Foro Administrativo de Movilidad Sostenible, un órgano consultivo para facilitar la cooperación de estas con el sector y los usuarios; el Consejo Superior de Movilidad Sostenible, un instrumento digital para garantizar la compartición de datos relativos a la movilidad (EDIM); y un documento estratégico de orientaciones para la planificación de una movilidad sostenible elaborado de forma coordinada con todas las administraciones (Domos).
Finalmente, la nueva Ley garantizará la contribución financiera del Estado para la movilidad sostenible en el ámbito urbano mediante un sistema “homogéneo y predecible”. Entre otras cosas, establece que los planes de movilidad urbana sostenible deben contener medidas de ordenación de la distribución urbana de mercancías, cooperando con otros municipios colindantes para el establecimiento de criterios homogéneos para facilitar el transporte y la logística de última milla.
