Las autoridades portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife y el tejido empresarial de Canarias están decididos a “pelear” hasta el final para conseguir que los recintos insulares queden exentos de la tasa al carbono de la UE, contenida en la nueva directiva EU ETS para el transporte marítimo. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, el primero que preside Beatriz Calzada, ha conocido este jueves las acciones emprendidas por el organismo sobre la aplicación de los nuevos gravámenes por derechos de emisión.
Según Calzada, la Excepción RUP (Región Ultraperiférica) “hay que pelearla” en Bruselas hasta que la Organización Marítima Internacional obligue al control de emisiones “en todos los puertos del mundo”. La responsable portuaria ha explicado que “Canarias plantea un frente común y coordinado con Puertos del Estado y Mitma para que se nos contemple como excepción RUP sobre las tasas aplicables a las emisiones de carbono por parte de la UE, las ETS”.
La coordinación entre instituciones como las autoridades portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife y el Gobierno canario, además del de España, resulta determinante porque en Canarias “nos jugamos mucho” a nivel portuario, empresarial y social. “Me consta que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, también ha elevado nuestra posición en el foro de las RUP”, regiones europeas con las que ya comparten otros planteamientos frente al territorio continental.
Calzada ha lamentado el hecho de que la normativa “parece que busca deslocalizar la operativa portuaria europea hacia África”. El European Union Emissions Trading System) es el régimen de comercio de emisiones europeo, creado en 2005, que partir de enero se extiende al transporte marítimo, lo que puede provocar el desvío de buques hacia otros puertos fronterizos no comunitarios, con el fin de eludir el pago de la tasa.
Las acciones del puerto de Las Palmas se alinean con las de otras instituciones económicas insulares. La Confederación Canaria de Empresarios, la Confederación de Organizaciones Empresariales de Tenerife y Fedeport han llevado a cabo en los últimos meses intensas gestiones para hacer llegar a la Comisión Europea la dependencia del transporte marítimo de las regiones ultraperiféricas como Canarias, y el riesgo de ruptura de la cadena de suministro y abastecimiento, si se llega a aplicar la tasa al carbono.
