Los transportistas exigen a la administración un mayor control de la vinculación “real y completa” del gestor de transporte con las empresas. Desde 2019, si el transportista autónomo no posee el título de competencia profesional debe contratar a un gestor de transporte a jornada completa con carácter indefinido.
La administración comprueba de oficio el cumplimiento de esta normativa durante la renovación del visado de autorizaciones. De hecho, los últimos meses se ha detectado un incremento de fraudes en esta materia, lo que ha llevado a las asociaciones que componen el Comité Nacional del Transporte por Carretera a solicitar al ministerio que se refuercen los controles y se sancione a los infractores.
Una de las novedades más destacadas de la reforma del reglamento de ordenación de los transportes terrestres, aprobada a principios de 2019, fue la nueva regulación establecida con relación a la figura del gestor de transporte, la persona que capacita profesionalmente a la empresa transportista.
Como recuerdan desde Fenadismer, el nuevo ROTT establece la exigencia de que la vinculación del gestor de transporte con la empresa sea real y efectiva. Por primera vez detalla las funciones que debe desarrollar, en concreto las relativas a la supervisión de las autorizaciones y contratos de transporte, documentos de control, contabilidad, organización de trabajo de los conductores, vehículos habilitados y su mantenimiento, y utilización del tacógrafo, entre otras.
Para acreditar la vinculación real y poder desarrollar estas funciones, el ROTT exige además que el gestor de transporte esté vinculado laboralmente a jornada completa, en aquellos casos en que ni el transportista autónomo ni ninguno de los socios (en empresas societarias) posean el título de competencia profesional. Por ello, el contrato debe ser de ocho horas diarias y la categoría profesional no inferior a jefe de tráfico o de administración, salvo si el gestor es cónyuge o pariente del transportista autónomo (en ese caso deberá figurar como autónomo colaborador).
Aunque la obligación laboral se revisa cada dos años, en los últimos meses se ha detectado un incremento de fraudes para eludir su cumplimiento fomentado por algunas gestorías, contratando al gestor de transporte de forma interrumpida, con el fin de ahorrar costes salariales y sociales. Para el Comité, este fraude laboral genera una “grave competencia desleal” al resto del colectivo.
Así, las asociaciones de transportistas han solicitado al ministerio de Transportes que refuerce el control de este requisito en coordinación con las comunidades autónomas, adoptando las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento, o que en caso contrario revoque las autorizaciones de transporte y sancione como muy graves este tipo de infracciones.
