La falta de concreción del Gobierno sobre el futuro de las ayudas de 20 céntimos por litro de carburante inquieta al sector del transporte. Pese a que el precio del petróleo se ha contenido en las últimas semanas, el diésel se mantiene un 30% más caro que hace un año. Y todo parece indicar que las restricciones al crudo ruso provocarán nuevos encarecimientos en los próximos meses.
Desde Fenadismer insisten en que la ayuda es fundamental para garantizar la viabilidad económica del sector y proponen que la bonificación se gestione a través de la figura del gasóleo profesional. De esta manera, las ayudas podrían beneficiar en el futuro a todo el transporte por carretera, incluido el de menor tonelaje.
La federación de transportistas recuerda que la bonificación de 20 céntimos por litro es fruto de los acuerdos alcanzados por el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera el pasado mes de marzo, dentro del plan de respuesta a la escalada de los precios de la energía derivada de la guerra en Ucrania.
En principio, la medida debía compensar a los sectores más afectados por el alza de los carburantes, aunque luego se extendió a los vehículos particulares. El hecho de que sean las propias petroleras y gasolineras las encargadas de gestionar estos descuentos ha suscitado dudas sobre su utilidad real.
En cualquier caso, la bonificación finalizará en principio el próximo 31 de diciembre, después de ser prorrogada en agosto. En los últimos días, varios miembros del Gobierno se han referido a su posible continuidad, al menos para los sectores más afectados, entre ellos, el transporte profesional.
La factura anual de combustible que soporta un transportista se sitúa actualmente en unos 75.000 euros al año por camión, con un sobrecoste mensual de unos 1.500 euros más respecto a hace un año.
Contener la inflación
Mientras tanto, el Gobierno sigue sin desvelar sus planes. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este viernes que el Gobierno valora qué medidas para contener la inflación “se extienden, se amplían o se limitan”, y cuáles deben ser “de aplicación general o específica” en 2023.
“Estas medidas tienen un importante impacto fiscal. Ya hemos movilizado más de 30.000 millones de euros y tenemos que asegurarnos de que los recursos públicos se utilizan de la manera más eficaz y eficiente posible para aliviar el impacto negativo del aumento de los precios”, ha explicado Calviño.
Por su parte, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha señalado que el Gobierno tomará una decisión en “pocas semanas”, y que es consciente de que “hay sectores que están más afectados por el incremento del precio de los carburantes, aunque ya ha habido una moderación”.
