El ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha concedido 19,8 millones de euros en ayudas a los transportistas autónomos mayores de 65 años que dejen la actividad en 2022. En concreto, la orden ministerial establece una ayuda de 30.000 euros a los 662 transportistas autónomos beneficiarios que dejen la actividad o se les haya declarado una incapacidad permanente absoluta o total para el desempeño de la profesión de transportista.
Este año, y fruto del acuerdo alcanzado con el departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera, y en línea con el compromiso asumido con los transportistas autónomos, el Gobierno ha duplicado la partida presupuestaria habitual, de modo que los beneficiarios de las ayudas son el doble que el año pasado.
Con todo, según informa Fenadismer, se han presentado más de 1.700 solicitantes, de los que solo el 39% accederán a la ayuda de 30.000 euros por abandono. Por lo tanto, este año se ha quedado fuera el 41%, más otro 20% excluido por no cumplir alguno de los requisitos exigidos. La federación de transportistas ha pedido un incremento de la partida presupuestaria en 2023, al menos similar a la de este año, “con el fin de posibilitar un retiro digno al mayor número posible de transportistas que en las actuales circunstancias más lo necesitan”.
Incapacidad permanente absoluta
En la concesión de las ayudas se ha dado preferencia a quienes les haya sido declarada una incapacidad permanente absoluta, total o gran invalidez, y a los restantes por orden descendente de edad hasta agotar el importe de la convocatoria.
Según señala el ministerio, el sector del transporte por carretera se caracteriza por un importante número de profesionales de edad elevada, con carencia de recursos para el abandono de la actividad antes de cumplir los 65 años. Esta situación supone una “incidencia social para la que Mitma destina una importante partida presupuestaria”.
Los beneficiarios de las ayudas dispondrán de plazo hasta el próximo dos de diciembre para aportar la documentación indicada en el artículo 10 de la orden FOM/3218/2009, para proceder al cobro.
