Los transportistas han celebrado el nuevo real decreto ley del Gobierno para la sostenibilidad económica del transporte por carretera, en especial la generalización del contrato de transporte por escrito. La disposición legal incluye una demanda histórica del sector, la ley de cadena del transporte, comprometida en los acuerdos de marzo, que busca reequilibrar las relaciones entre los transportistas y sus clientes.
Una de las principales novedades de la nueva ley, pionera en la UE, es la generalización de la contratación por escrito en el transporte de mercancías por carretera. Hasta la fecha, señalan desde Fenadismer, un alto porcentaje de los servicios de transporte contratados se siguen haciendo de forma verbal.
El contrato por escrito solo se da en el 25% de las empresas transportistas que trabajan bajo acuerdos de exclusividad y en el 12% en empresas con acuerdos preferenciales, según estudios del Mitma. El nivel varía en función del tamaño de empresa, de modo que en el caso de transportistas autónomos con un solo vehículo, el 83% de la contratación se hace de forma verbal. En cambio, en las empresas de transporte con flotas superiores a los 20 vehículos este porcentaje desciende hasta el 46%.
Para acabar con esta anomalía, el decreto-ley impone la obligación de que todos los servicios de transporte, excepto los de menor cuantía, vayan documentados en un contrato o carta de porte por escrito, siendo sancionado en caso contrario como infracción grave.
El decreto emula los principios de la ley de cadena alimentaria del sector agrario, estableciendo la prohibición de contratación de los servicios de transporte si el transportista no cubre sus costes de explotación. El incumplimiento se considerará una infracción muy grave, siempre que se considere que hay desequilibrio en la relación contractual entre el transportista y su cliente.
Desarrollo de los acuerdos con el sector
El texto desarrolla los acuerdos alcanzados el pasado 13 de julio entre el ministerio de Transportes y el Comité Nacional de Transporte por Carretera. Las ayudas van dirigidas a compensar los efectos del alza incontrolada de los precios de los combustibles, con un límite de 400.000 euros por empresa beneficiaria, que se restará a lo obtenido en la convocatoria de marzo.
Según Fenadismer, entonces se beneficiaron unos 125.000 transportistas, tanto de mercancías como de viajeros, dejando fuera a uno de cada cuatro, hasta un total de 45.000 autónomos y pymes. En esta ocasión, el Gobierno ha establecido un plazo mayor para solicitarlas, hasta el próximo 30 de septiembre.
Por último, se recoge el compromiso del Gobierno de tramitar a principios del próximo año un proyecto de ley para revisar el régimen de subcontratación en el transporte de mercancías por carretera.
