El puerto de Barcelona, el aeropuerto de El Prat y la Zona Franca suponen el “principal elemento impulsor de la economía catalana, además de un motor imprescindible para toda España y el sur de Europa”. Así lo ha manifestado este lunes la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, durante su visita a las instalaciones del enclave barcelonés. Sánchez ha afirmado que se trata del puerto con mayor inversión estatal, cuya infraestructura juega un “papel clave” en la recuperación económica y en la transición ecológica.
Acompañada por el presidente de la autoridad portuaria, Damià Calvet, y el de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, entre otros, la titular del Mitma ha visitado la terminal Hutchinson Ports BEST, cuya ampliación se aprobó en diciembre. La instalación invertirá 60 millones de euros para aumentar capacidad, incrementar su superficie y reducir emisiones.
Sobre BEST, Sánchez ha subrayado que es un “referente” para la transición ecológica por su apuesta por la descarbonización y la reducción de emisiones, gracias al acuerdo con Endesa para contratar energía 100% renovable, que reducirá el 50% las emisiones de la terminal. También se ha referido al Plan de Electrificación de Muelles, que impulsa la APB, y que permitirá que los buques que atraquen en Barcelona puedan apagar sus motores y eliminar las emisiones.
También ha confirmado los compromisos del Gobierno por la descarbonización y el transporte ferroviario de mercancías. En este sentido, ha recordado que de los 464 millones de los fondos Next Generation asignados a los puertos estatales, hasta 129 se destinarán a sostenibilidad ambiental y energía, y 335 millones al ferrocarril.
Finalmente, la ministra ha hecho referencia a la evolución de los puertos, convertidos en espacios de innovación, con el “exitoso” ejemplo del fondo Puertos 4.0, que ha incentivado la creación de startups y nuevas líneas de negocio. Solo en el entorno de Port de Barcelona se han adjudicado subvenciones para 11 ideas y proyectos de 2,8 millones de euros, que presentan un “alto impacto ambiental y disruptivo”.
