La lucha contra el dumping social y las empresas buzón “quedará en agua de borrajas” si el ministerio de Transportes se limita a transponer la directiva europea de desplazamiento de conductores tal como refleja el actual anteproyecto de ley elaborado por los ministerios de Trabajo y Transportes. Así lo cree el sector de Carretera y Logística de FSC-CCOO, para quien “la transposición debe ir precedida de la participación y el debate de los ámbitos afectados, tramitarse con los tiempos suficientes y no por un real decreto ley que no responde al objetivo que se pretende”.
En concreto, según este sindicato, al tramitarse por la vía de urgencia el anteproyecto va a dejar sin transponer el apartado de sanciones, incumpliendo lo dispuesto en la directiva 2020/1057. El texto tampoco precisa cuál debe ser la retribución de un trabajador desplazado a España desde otros países, o desde España al extranjero.
Antes del próximo 2 de febrero, el Gobierno tiene la obligación de transponer la directiva 2020/1057. “Los ministerios de Transportes y Trabajo han elaborado un anteproyecto de ley que no va a poder debatirse con los ámbitos afectados, sino que verá la luz por la vía del real decreto ley y dejando parte de la directiva sin transponer”, afirma Comisiones.
En la actualidad, existen una cincuantena de convenios colectivos provinciales en España, con retribuciones muy dispares, por lo que en la medida en que un trabajador puede circular por varias provincias un mismo día, resulta imposible determinar qué debe de cobrar.
El anteproyecto de ley persigue que los conductores desplazados a otros países no cobren el salario del país de origen, “como viene ocurriendo con empresarios que se instalan en países del Este de Europa para pagar menos a sus trabajadores, aunque desarrollan su actividad en España”, señala el comunicado de CCOO.
La cuestión forma parte de los acuerdos alcanzados entre el ministerio de Transportes y el Comité Nacional de Transporte por Carretera que evitó el paro de Navidad.
