El Plan de Inspección del Transporte por Carretera 2020 ejercerá un mayor control sobre las empresas deslocalizadas en países con menores costes sociales y sobre las falsas cooperativas de trabajo. El Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) ha reclamado al ministerio de Transportes y a las comunidades autónomas más medios humanos para combatir un “dumping social que está acabando paulatinamente con el sector”. Según la patronal Fitrans, en España han desaparecido 27.491 empresas desde 2008 por esta razón.
La subdirectora general de Transporte Terrestre, Alicia Rubio, ha presentado este martes las líneas maestras del plan. Rubio ha reconocido la falta de medios para combatir las empresas buzón, aunque se ha comprometido a destinar más agentes, a formarlos mejor y a reforzar el control en las fronteras en el próximo ejercicio.
“Ni todas las empresas internacionalizadas, ni todas las cooperativas de trabajo asociado son fraudulentas, pero es imprescindible sacar del mercado las que operan ilegalmente alterando el mercado”, apuntan desde la organización empresarial. El número de vehículos extranjeros que transitan por las carreteras españolas es del 60%, más de dos millones al año, son extranjeros, “por lo que para nuestro sector resulta fundamental que se persiga a aquellos que esquivando las normas establecidas ejercen una competencia desleal lejos de sus fronteras”, añaden.
El Paquete de Movilidad aprobado el pasado mes de agosto recoge la obligación de acreditar el establecimiento efectivo y la presencia real de las empresas allí donde trabajan, con el objetivo de perseguir a las empresas buzón. Esta obligación entrará en vigor en febrero de 2022. España es el segundo país que más transporte internacional realiza, superado solo por Polonia.
